Aparte de indígenas gnöbes, también hay mujeres provenientes de reservas de Turrialba y Talamanca que piden en Heredia, Alajuela y San José (Foto: Elvis ,Martínez/ EC)
ELVIS MARTÍNEZ/ EC. San José, cinco y media de la tarde. Cientos de personas circulan sobre la Avenida Central, la escena es igual a lo largo del día, pero en pocas horas la ciudad se quedará vacía, casi como una ciudad fantasma, como suele pasar los fines de semana durante la noche. La capital se ha convertido en sitio de trabajo, en ciudad de paso para miles. En medio de esa muchedumbre circulan cambistas, artistas, vendedores ambulantes y una imagen recurrente desde hace unos años: mujeres indígenas que piden sentadas en las estrechas aceras o en las esquinas de comercios o caramancheles, a veces con niños en sus brazos. La pobreza y la desatención del Gobierno obliga a esa población a dejar sus territorios para apostarse en el corazón de una ciudad para ellos desconocida y peligrosa.
Un equipo del periódico El Centroamericano les siguió los pasos a varias mujeres indígenas quienes durante los meses de abril, mayo, noviembre y diciembre dejan sus territorios para viajar a la capital.
Mayra González indígena Bribris de la reserva Cabagra es una de ellas. Su vestido que le cubre ligeramente hasta los tobillos, permite observar sus maltratados pies, apenas cubiertos por sus sandalias plásticas. Mayra es de poco hablar, su mirada penetrante intimida. A primera no dice nada y a ratos sonríe como forzada, pareciera sentirse asediada, luego cede a intercambiar unas pocas palabras.
Esta mujer viaja hasta San José en busca, de lo que en un escaso castellano define como: “algo para sobrevivir”. Ella no tiene cédula, como tampoco la tienen muchos indígenas. Duerme en el Hotel Moderno, una especie de cuartería sobre la famosa “Calle 8”, lugar donde el peligro es latente a cada hora.
En la entrada al hotel, con una pendiente de gradas y paredes roídas a medio caer, existe una especie de pulpería y una pequeña soda. Los cuartos, de los cuales cuelgan cordeles y cables eléctricos, se pueden observar desde la calle. Los clientes del hotel son en su mayoría indigentes y drogadictos. Con ellos convive durante su estadía en San José tras pagar entre 1500 y 3 mil colones la noche.
MIEDO A DENUNCIAR
Aunque formalmente no existe una denuncia, algunos comerciantes de “Calle 8” tienen identificado a un sujeto que obliga a pedir dinero a los indígenas, sobretodo mujeres. Ellos prefirieron no ser citados, ya que en esa calle ellos ven y callan “porque nos pueden hacer daño al negocio y a uno mismo”, se lamenta un comerciante.
Adrián Ramírez, supervisor del puesto policial Delta 2 del Casco Metropolitano, aduce que no tienen una denuncia formal sobre las personas que mandan a pedir a los indígenas, sin embargo lo que sí tienen detectados son los sitios donde se hospedan y los sectores por donde se movilizan. “En cierta ocasión una de las indígenas nos dijo: “yo trabajo para un señor”, cuenta Ramírez.
Aún así y ante el riesgo de que las mujeres indígenas caigan en manos de explotadores, ninguna de las organizaciones que velan por los derechos de los pueblos indígenas consultadas por este rotativo, tienen investigaciones sobre la situación infrahumana en la que viven esta población cuando se establecen en ciudades como San José, Alajuela y Heredia. Además, algunas se contradicen respecto al origen de los indígenas que piden en las calles de San José.
Mario Alvarado, responsable del departamento de operaciones regionales de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI-entidad gubernamental), afirma que los indígenas que deambulan en San José son Guaymíes de Panamá. Este medio pudo corroborar que también hay indígenas procedentes de Talamanca y de Buenos Aires, Puntarenas.
Según Alvarado, el CONAI había iniciado un trabajo en conjunto con la Defensoría de los Habitantes, Migración y autoridades de la Embajada de Panamá para atender la situación de los indígenas, pero no ha avanzado a la espera de una respuesta de las autoridades competentes.
Y es que de los mas de 1000 indígenas Ngöbes que cada año atraviesan el Valle Central para recoger café en la Zona de los Santos, muchos no pueden regresar a sus territorios y se quedan atrapados en sitios como San José. De esos indígenas la mayoría son panameños, pero hay también indígenas costarricenses de esa misma etnia que comparten en común la desatención de los gobiernos de ambos países.
Carlos Minott, consultor en de rechos humanos y étnicos, explica que muchos de los indígenas que piden dinero en la capital proceden de la etnia Ngöbe, pero hay también de reservas de Turrialba y de Talamanca.
Minott es enfático: “no hay un seguimiento de parte del Gobierno ni de organizaciones para poder resolver el problemas que aquejan a esta población. Siempre han estado en el abandono y en riesgo social como los indígenas que llegan a San José y viven en condiciones infrahumanas…
Quizá a nosotros nos parezca inapropiado como viven ellos en sus territorios, pero talvez para ellos es común. Es más inhumano que vengan a la capital y vivan como viven y más vergonzoso aún es que el Gobierno los desatienda. Vea, actualmente hay una lucha por que se respete el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, firmado por Costa Rica.
Para Minott los territorios indígenas, con respecto a los estados o gobiernos, trascienden los límites de las fronteras nacionales, por ello deben emprenderse políticas públicas para reducir la pobreza y la exclusión social de los pueblos indígenas.
Quizá sea eso lo que necesite Mayra, esa mujer indígena de grandes ojos y mirada penetrante que apenas habló para decir que no tiene cédula y que pide para sobrevivir en medio de una ciudad fría y cuya gente la ve con indiferencia.
LA SANGRE QUE SE NIEGA
En Costa Rica hay 22 comunidades indígenas. A parte de la desatención gubernamental los indígenas en nuestra sociedad son excluidos. La atención básica; el respecto a su cultura y a sus tradiciones que garanticen preservar la identidad de estos pueblos ha sido una lucha desde siempre, contrario a otros países.
En algunos casos afirma Carlos Minott, el Gobierno de Costa Rica los echa hacia Panamá negándoles condiciones que debería garantizar. “Por ejemplo, muchos indígenas que trabajan en las bananeras les pagan con cheque, llegan a un banco, pero no pueden cambiar el cheque porque no tienen cédula y mucho menos saben escribir. Cuando no hay posibilidades de trabajo agrícola se desplazan a otros sitios y sufren doblemente la exclusión social”.
Recientemente, representantes de los ocho pueblos indígenas de Costa Rica, pidieron al mandatario Óscar Arias que enviara a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo, presentado desde hace 15 años y el cual pondría en marcha el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado costarricense desde 1992, el cual reconoce los derechos, el respeto a su lengua y su tradición; algo que han venido reclamando los indígenas durante décadas.
Disponible en: http://centroamericano.info/?p=1356
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