Experto cree que Latinoamérica ha avanzado más en derechos humanos que España

Me llamó la atención una noticia acerca de un experto vasco en Derechos Humanos (Carlos Martín Beristain) expresaba que en los "últimos tiempos países latinoamericanos han conseguido avanzar mucho más en la cultura de derechos humanos que otros países como España, a pesar de que el sistema judicial esté más desarrollado".

A continuación les dejo la nota completa, este tipo de afirmaciones brindan apoyo a las personas que estamos luchando todos los días por el respeto de los Derechos Humanos.

Experto cree que Latinoamérica ha avanzado más en derechos humanos que España

San Sebastián, 24 ago (EFE).- El experto vasco en derechos humanos Carlos Martín Beristain considera que en los {ultimos tiempos los países latinoamericanos han conseguido avanzar "mucho más" en la "cultura de derechos humanos" que otros países como España a pesar de que aquí el sistema judicial esté más desarrollado.

Este especialista en atención psicosocial a víctimas de distintos conflictos armados y miembro de la Universidad de Deusto, ha explicado hoy, en una entrevista concedida a Efe, que el avnca en "términos de jurisprudencia" que se da en el sistema interamericano es paradójicamente "mucho más interesante" que el que tiene lugar en nuestro país.

Beristain se encuentra estos días en San Sebastián para ofrecer una conferencia titulada "Impacto de la reparación de la violación de los derechos humanos en América Latina" en el marco de los cursos de verano organizados por la Universidad pública vasca.

Según comenta, los Estados desarrollados como el español han ido a países más desfavorecidos a "contarles cómo hay que hacer las cosas", cuando a su juicii España "tendría que aprender" de las prácticas llevadas a cabo en algunos lugares del continente suramercianos como la puesta en marcha de "comisiones de la verdad".

Ha citado a modo de ejemplo la comisión creada en El Salvador para investigar las desapariciones de niños a raíz de la denuncia presentada por la desaparición de dos niñas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, ha recordado el caso de Loayza Tamyo, una mujer que fue detenida "arbitrariamente" en Perú, torturada y agredida sexualmente por la presunta comisión de un delito de terrorismo.
Esta Corte Interamericana, que tendría su equivalente en el Tribunal de Estrasburgo, sentó jurisprudencia a partir de casos como éste que, según precisa Beristain, permitió llevar a juicio a dirigentes como Alberto Fujimori o declarar nulas amnistías que perdonaban crímens de lesa humanidad.

Medidas como la puesta en marcha de estas comisiones de la verdad posibilitarían, a juicio de este experto, que el Gobierno español pudiera "hacer una investigación en condiciones de los crímenes del franquismo".

En los casos de desaparecidos y represaliados por el régimen franquista "sería aplicable la misma legislación" internacionel de derechos humanos que se aplica a un represaliado guatemalteco o argentino", he añadido.

Este experto considera que aún hoy día e "incluso con la Ley de la Memoria Histórica" en España hay gente que se topa con numerosas dificultades a la hora de hacer los trámites para probar que alguno de sus familiares fue asesinado.

Beristain ha agregado además que todas las iniciativas encaminadas a resarcir a las víctimas de los crímenes que atentan contra sus derechos como seres humanos deben ir acompañadas de una petición de perdón por parte de los responsables que "tiene que ir unida a reconocer la dignidad de la víctima" y a admitir que "muchas veces se escondió la verdad".

Desde su punto de vista, para que la petición de perdón "no sea estéril" debería conllevar "un cambio" en la relación de las víctimas con el Estado y una transfornación "en la vida de la gente", de forma que la sociedad "vea algo que no ha querido ver" y evite así que el conflicto se vuelva a reproducir. EFE

"Es tomar lo mejor de quienes vienen a vivir aquí para compartir sus sueños y esperanzas"

"Reconocer la capacidad educativa, investigadora y creativa de los refugiados enriquece a este país, porque es tomar lo mejor de quienes vienen a vivir aquí para compartir sus sueños y esperanzas". Comentó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (México)
Este tipo de iniciativas en países como México nos demuestran la importancia de las personas refugiadas que además de buscar una mejor vida vienen a compartir su cultura y sus conocimientos, por lo tanto debemos compartir también nuestra cultura y apreciar las cosas nuevas.
A continuación copiamos la noticia que describe cosas muy importantes que aplican para todas las personas.

PIDE CDHDF RECONOCER APORTACIONES DE REFUGIADOS EN MÉXICO
http://www.excelsior.com.mx/

Una de las mejores formas para lograr la integración social de las personas refugiadas en México es reconocer su capacidad educativa e investigadora, expuso el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez- Icaza.

Durante la firma de bases de colaboración entre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, reiteró que la presencia de las personas refugiadas enriquece el país.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recordó que México ha tenido una larga trayectoria de apoyo a extranjeros que han buscado amparo en territorio mexicano, la mayoría de los cuales se concentran en la capital del país.

De esa forma hizo mención de los 200 mil guatemaltecos que obtuvieron asilo en la República Mexicana en la década de los 80, así como el aporte del "Reconocer la capacidad educativa, investigadora y creativa de los refugiados enriquece a este país, porque es tomar lo mejor de quienes vienen a vivir aquí para compartir sus sueños y esperanzas".

Álvares-Icaza Longoria aseveró que uno de los mejores medios de integración social de una persona refugiada es la educación y México se beneficia gracias a la diversidad, inclusión y tolerancia.

El ombudsman mencionó que el mayor número de refugiados se concentra en la ciudad de México, por lo que "si mandamos un mensaje de inclusión, respeto y promoción de sus derechos en la capital de la República, donde se encuentre la mayoría, podremos replicarlo en las otras
entidades federativas".

El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, comentó a su vez que la firma del convenio referido muestra que es posible en México el desarrollo pleno, personal, cultural y social de los refugiados.

De esta forma, señaló que "México siempre ha abierto las puertas a todo aquel que es perseguido y ha extendido la mano a todos los que genuinamente solicitan refugio".

"Con la firma de estas bases les abrimos las puertas a una vida digna, a una vida de oportunidad, fortalecemos poco a poco la posibilidad de revalidar, de completar sus estudios y así, el ejercicio de sus derechos", expuso Poiré Romero.

Trata de personas, inexactitudes que pesan

Daniela Guevara W. (*)
Los medios de comunicación, como actores sociales, tienen un papel de educadores y formadores de opinión pública. Gracias a su trabajo pueden propiciar espacios de denuncia de las formas modernas de esclavitud y la concientización de la población sobre el engaño y la explotación en sus diversas formas. Considerando la situación de las dos mujeres costarricenses víctimas de la trata de personas, el Observatorio desea clarificar algunos conceptos.
La trata de personas, reconocida por el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, la define como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. Este delito se traduce a nuestra legislación bajo el artículo 172 del Código penal, cuyas sanciones van de seis a diez años de prisión.
Confusión de términos. Es usual leer en los medios la palabra prostitución, no obstante, es importante distinguir entre la “prostitución” y la “prostitución forzada en condiciones de esclavitud”. Esto tiene implicaciones desde el punto de vista de la adecuada persecución del delito pero -de manera muy importante – para las víctimas. No es lo mismo que una persona haya viajado a otro país para dedicarse a actividades cualesquiera por decisión propia y voluntaria, que una persona haya sido trasladada a otro país bajo engaño y obligada a desarrollar una actividad (sexual, laboral etc.) contra su voluntad, y se haya mantenido en esa situación mediante la privación de la libertad y la coacción.
Otro término que debe erradicarse es el concepto de trata de blancas, pues éste no existe. Anteriormente fue utilizado en Europa, ya que las mujeres “blancas” eran llevadas hacia África y Asia como esclavas, no obstante, en este siglo cualquier persona puede ser víctima de trata.
Hay que señalar que algunos periodistas por desconocimiento de este delito suelen colocar la responsabilidad por lo sucedido en las víctimas: ellas decidieron viajar voluntariamente, sabían a lo que iban, etc., y se oscurece totalmente la responsabilidad de todas las personas que participaron del proceso de trata, y quienes las explotaron y mantuvieron en esclavitud: quien las reclutó, les compró los tiquetes y las trasladó, quienes las mantenían vigiladas, quienes las explotaron, los clientes y demás. Ellas son víctimas, no son culpables de lo que pasó. Es importante reconocer que el consentimiento de las mujeres (si así lo fuese) no elimina el delito, ya que en el momento en que llegan al país de destino las esclavizan, les quitan documentos y les prohíben la comunicación, es decir hay un abuso de poder y amenaza que limita sus derechos.
Exposición de las víctimas. Finalmente, es necesario cuidar las imágenes e ilustraciones que se utiliza. Es de suma importancia no exponer la identidad de las víctimas, pues se violenta su intimidad y las expone ante la opinión pública, con lo que pueden ser estigmatizadas. Además, las puede colocar en una posición de riesgo para su seguridad al proporcionar de manera innecesaria sus datos personales, de residencia y de su familia.
La dificultad de cuantificar el fenómeno, y en especial el desconocimiento sobre la materia por parte de los comunicadores, son obstáculos para producir reportajes precisos y responsables sobre el tema de trata de personas. Por ello, es necesaria la capacitación continua de los periodistas, con el fin de fomentar un abordaje periodístico acorde con los Derechos Humanos.
*Secretaria Ejecutiva del Observatorio de Medios sobre Población Migrante y Refugiada

Dos años de cárcel por tráfico ilícito de personas en Costa Rica

Legislación sanciona a quien contrate personas en estado irregular

San José (elpais.cr) - La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad, en segundo debate, la nueva Ley de Migración, que fortalece la Policía de Migración y aumenta los controles de los extranjeros que ingresan a Costa Rica.

La nueva legislación, aprobada por 40 legisladores, entrará a regir seis meses después de que sea publicada en el diario oficial La Gaceta.

La Reforma a la Ley de Migración y Extranjería, expediente 16.594, crea un marco jurídico en el que se tipifica el delito de tráfico ilícito de personas y regula el ingreso, permanencia y egreso de extranjeros al país.

Con la nueva ley las personas extranjeras gozarán de los derechos y garantías individuales y sociales reconocidas para todos los costarricenses en la Constitución Política.

Los migrantes podrán con esta ley incorporarse al desarrollo del país, por lo que estarán sujetas al pago de las mismas cargas tributarias o de seguridad social que los costarricenses.

Además, todo trámite migratorio debe contemplar como requisito básico el contar con el seguro que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Una de las novedades de esta ley es que las personas extranjeras que se encuentran en Costa Rica y que quieran cambiar su categoría migratoria, lo podrá realizar en la Dirección de Migración sin necesidad de desplazarse hasta su país de origen para cambiar su estatus.

Por otro lado, faculta a la Dirección de Migración a cancelar la autorización de permanencia y residencia de las personas extranjeras que tengan antecedentes o sospecha que constituyen una amenaza para la seguridad del orden público o que se demuestre que la residencia fue otorgada con fundamente en un matrimonio que busque recibir ese beneficio migratorio.

Para la diputada Ana Helena Chacón, destacada defensora de los derechos de las mujeres, aplaudió que con la nueva ley se sanciona con pena de prisión de 2 a 6 años el delito de tráfico ilícito de personas, se crea la categoría de “víctima de Trata de Personas” y se sanciona con multa (2 a 12 salarios base) a quien contrate personas en estado irregular.

“Hemos defendido también que los extranjeros privados de libertad puedan realizar actividades educativas y laborales relacionadas con las diversas modalidades de ejecución de la pena, dándoles así la posibilidad de resarcir el daño a la sociedad”, dijo.

La nueva ley de migración crea una segunda instancia para resolver Recursos de Apelación contra Resoluciones de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) que actualmente es facultad del Ministro (a) del ramo, y se crea la Comisión de Visas Restringidas y Refugio integrada por representantes del Ministerio de Trabajo, Seguridad y Cancillería.

Las Visas Consulares serán gestionadas ante los Agentes Consulares costarricenses y las Visas Restringidas ante la DGME de manera personal.

El Poder Ejecutivo mediante Decreto y por un plazo determinado, definirá el “Régimen de Excepción”, con el propósito de legalizar la situación migratoria de aquellos extranjeros que no estén a derecho.

La persona extranjera que se encuentre en el país y desee solicitar cambio de categoría migratoria, lo podrá realizar, sin tener que desplazarse a su país de origen.

Se establece multa de $100 por mes a aquella persona extranjera que permanezca de manera irregular en el país.

La persona migrante que se le dé estatus legal o se renueve, pagará adicionalmente $25.

Aquellos no residentes y las categorías especiales pagan un monto anual de $5.

Para obtener la subcategoría de Pensionado deberá comprobar ingresos por al menos mil dólares mensuales, y para los Rentistas de dos mil dólares.

Se obliga a los hoteles y sitios de hospedaje a llevar registro de quienes se alojan.

Se declara de acceso público todos los expedientes administrativos.